Feliciano Montero García

Feliciano Montero García es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y conoce bien, por tanto, el contexto social e histórico en el que se dio el asesinato de nuestros hermanos. Ha publicado, entre otros libros: “El movimiento católico en España”; “Franquismo y memoria popular”; “La Acción Católica Española y el franquismo: auge y crisis de la Acción Católica Especializada en los años sesenta” y ha colaborado en importantes libros colectivos a propósito de la Historia de España. Conoce además al Instituto marista ya que fue alumno del Colegio marista de Salamanca desde Primaria hasta Preuniversitario y su hermano Agustín es hermano marista de la provincia Compostela.
Amablemente nos recibe en los locales que la Conferencia marista tiene en Madrid donde nos explica el contexto histórico en el que ocurrió la muerte de los mártires maristas en el verano de 1936. 

AMEstaún. Se ha decidido la celebración eclesial de la beatificación de un grupo de hermanos maristas asesinados al inicio de la Guerra civil española de 1936 – 1939. ¿Cuál es el estado de la opinión pública en estos momentos en España?
Feliciano Montero. 
Hubo un tiempo, al final del Régimen de Francisco Franco (gobernante de España entre abril de 1939 y noviembre de 1975, como consecuencia del golpe de Estado contra el gobierno de la Segunda República del 18 de julio de 1936 y la subsiguiente Guerra Civil ocurrida entre los años 1936 y 1939), en que la reivindicación de los mártires y de la guerra civil como “cruzada” parecía haber pasado a la historia en nombre de una comprensión y consideración de la guerra civil española como un error monstruoso en el que todos los protagonistas, de uno y otro bando, habían tenido alguna responsabilidad.
Tras este reconocimiento universal de las culpas y responsabilidades propias lo que había era un compromiso de reconciliación y un intento de superación de los ajustes de cuentas y revanchas.
En ese contexto los múltiples procesos de beatificación de los mártires de la guerra fueron paralizados al servicio de ese objetivo reconciliador como vía principal para un proceso pacífico de transición a la democracia en el que la Iglesia jugaría un papel esencial. Por su parte los herederos de los vencidos renunciarían a reivindicar a los suyos.
Pasado el tiempo, consolidada la transición, la Iglesia, hacia mediados de los 80, coincidiendo con el 50 aniversario de la guerra civil, reinició o impulsó de nuevo los procesos de beatificación de los mártires, a la vez que desde sectores no católicos se criticaba abiertamente a la Iglesia su implicación y colaboración en las represiones del franquismo, y por tanto, se le demandaba que pidiera perdón, en el espíritu del jubileo del 2000.
Más recientemente la investigación de los historiadores y algunas iniciativas ciudadanas, como la “Asociación para la recuperación de la memoria histórica” están reivindicando con fuerza las otras víctimas, mártires de otras causas, anónimos, desaparecidos, sepultados en fosas comunes, víctimas de la represión de los vencedores durante la guerra y en los primeros años de la posguerra.
En definitiva parece haber vuelto, con toda su virulencia, en la opinión pública española un clima de confrontación en torno a las violencias cometidas por unos y otros en la guerra civil, como si de un nuevo ajuste de cuentas se tratara. Salvando el riesgo que esta confrontación mediática puede significar para la consolidación de la convivencia ciudadana, también puede ser ésta la ocasión para “lavar” definitivamente, con suficiente distancia, las heridas latentes, silenciadas quizá por miedo a reproducir el conflicto.

En todo caso, en este clima de confrontación, con riesgo de ajuste de cuentas, o de aclaración de la “verdad” completa de todo lo sucedido, es en el que tenemos que situar el recuerdo y el homenaje a nuestros mártires maristas. ¿Cómo hacerlo sin contribuir a exacerbar la confrontación política? 
Seguramente haciendo un ejercicio de comprensión histórica, complementario de la lectura cristiana, de los acontecimientos. Contextualizando lo ocurrido en las claves políticas, sociales y mentales de su tiempo. Tratando de responder a las preguntas sobre la naturaleza y las razones de una violencia anticlerical y antirreligiosa, que seguramente venía de lejos, se había ido incubando lentamente, y que se manifestó de manera sorprendente y descontrolada, inexplicable e irracional, incomprensible todavía hoy para los historiadores y para los herederos ideológicos o políticos de aquellos violentos. Lo sorprendente, como ha señalado el antropólogo Manuel Delgado, es la incapacidad de historiadores y políticos para entender y asumir esa violencia anticlerical y antirreligiosa que provoca los mártires del verano de 1936.

¿Cómo se fragua en España la corriente de pensamiento del anticlericalismo? 
Desde luego el anticlericalismo en España venía de lejos, se había manifestado cíclicamente en las matanzas de frailes de 1835, pero se había ido alimentando especialmente desde comienzos del siglo XX, siguiendo el ejemplo de otros países, especialmente la Francia de la III República.
El anticlericalismo en sus múltiples manifestaciones y expresiones, ya antes de la 2ª República española, era la expresión de una lucha defensiva y ofensiva contra su antagonista el “clericalismo”, es decir, según la percepción de los anticlericales, contra el peso social, político y sobre todo ideológico, del clero secular y regular, en las instituciones sociales y especialmente en las educativas; una influencia que se consideraba perniciosa, un obstáculo para la modernización y el progreso.
Lo que los anticlericales reivindican como legítima secularización de un Estado autónomo, los clericales denuncian como un peligroso proceso de descristianización, que era a la vez entendido como una pérdida fundamental de la identidad nacional y de la convivencia social armónica.
En la España de la “Restauración canovista” (sistema político promovido por Cánovas del Castillo durante el período 1876-1923) el marco legal, la Constitución y el Concordato con la Santa Sede, protegían un régimen de confesionalidad y de unidad católica, dejando poco margen a la libre expresión y propaganda de los liberales y los agnósticos.
Poco a poco sin embargo sus iniciativas culturales y pedagógicas fueron ganando terreno e influencia real, aun sin conseguir modificar apenas el marco legal de mínima tolerancia para los no católicos.
Paralelamente el catolicismo consolidaba su hegemonía y su influencia social e ideológica a través de la creciente implantación de nuevas congregaciones religiosas, muchas como los Maristas venidas de Francia a finales del siglo XIX y principios del XX. Congregaciones masculinas y femeninas dedicadas principalmente a la enseñanza y la asistencia social. Ellas fueron precisamente el blanco principal de la denuncia de los anticlericales desde principios del siglo XX.
Una campaña sistemática, paralela a proyectos de regulación de las Congregaciones, trató de desprestigiar su tarea y responsabilizarla de todos los “males” de la nación. La regeneración de España, su modernización dependía de la reducción de su presencia en la educación.

La educación es un tema de discusión y enfrentamiento entre clericales y anticlericales españoles. ¿Realmente la regeneración de España dependía de la reducción de la presencia de la Iglesia en el campo educativo? 
Esta tesis de la retórica anticlerical, reiterada y asumida especialmente en el tiempo de la 2ª República, no se correspondía con la realidad social. Más bien, según estudios recientes (Maitane Ostolaza), si los colegios de las Congregaciones se habían expandido tanto en las primeras décadas del siglo XX no era sólo por la protección legal (política) sino porque respondían eficazmente a la demanda social. Su oferta educativa se ajustaba mejor, que la por otra parte débil y escasa escuela pública, a las nuevas demandas sociales.
Pero lo cierto es que la contribución de la escuela católica a la “modernización” económica y social de un país en vías de industrialización no impedía que sus contenidos doctrinales, (“el liberalismo es pecado”), fueran considerados perniciosos por los liberales, los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, los masones y librepensadores, los republicanos, los socialistas y anarquistas. Es decir que en las dos primeras décadas del siglo XX no dejó de crecer la confrontación y la descalificación recíproca entre clericales y anticlericales. No importa tanto que sus argumentos fueran reales o míticos; lo cierto es que eran eficaces en la configuración de dos bloques, dos culturas antagónicas e identidades colectivas, llamadas a excluirse y eliminarse recíprocamente.

En medio de una intensa ebullición social y política se culmina en España en esa época un proceso de medidas secularizadoras de le educación. ¿Cómo afectaron a los maristas las leyes educativas promulgadas durante ese período? 
La ley de Congregaciones de 1933, culminación de una serie de medidas secularizadoras, de acuerdo con los artículos de la Constitución, afectaba directamente a la vida y a la actividad docente de Congregaciones como los Maristas. Les obligaba a secularizar sus colegios colocándolos en manos de asociaciones seglares si querían seguir ejerciendo su actividad. Pero apenas aprobada la citada ley, el cambio político que significó el triunfo electoral de las derechas, alivió la situación. Las leyes anticlericales no fueron derogadas, pues para ello habría que revisar previamente los artículos correspondientes de la Constitución, pero su aplicación fue detenida o suavizada.
En efecto, durante el bienio 1933-35 gobernó de forma inestable una coalición de republicanos radicales (moderados a pesar del nombre) y católicos de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas).
La CEDA era el partido mayoritario de la coalición pero no tenía mayoría suficiente para gobernar en solitario, y además su sinceridad republicana era sospechosa para los republicanos de izquierda y los socialistas.
Por eso ante la llegada de varios ministros de la CEDA al Gobierno, la izquierda obrera planteó una huelga general revolucionaria (octubre 1934), que, aunque fracasó salvo en Asturias, provocó manifestaciones de violencia anticlerical. La muerte del hermano Bernardo en Barruelo fue una expresión de esa violencia que anticipaba las que se producirían en julio-agosto de 1936.

¿Hay pues un paso de la agresividad legal, del anticlericalismo “legal” a la violencia anticlerical? 
Durante la 2ª República se dieron ya algunos episodios violentos, especialmente la quema de conventos del 11 de mayo del 1931, a menos de un mes de proclamada la República, y durante la revolución de octubre de 1934. Pero la violencia anticlerical, la persecución religiosa propiamente dicha, matanza sistemática e indiscriminada de curas, religiosos y seglares militantes de organizaciones católicas, quema y profanación de lugares de culto, violación y mofa de sacramentos, ritos y ceremonias, no se produjo hasta el verano de 1936. En forma de iniciativas populares, de comités revolucionarios y milicias locales, que entre sus objetivos revolucionarios tenían como prioridad la eliminación física de la Iglesia y de sus ministros, al considerarles obstáculo principal para el cambio social.
Los múltiples testimonios recogidos por los historiadores, y muy especialmente en la obra clásica, que sigue siendo fundamental, de Antonio Montero, confirman la naturaleza radical e indiscriminada de esa violencia, que no distingue entre el cura “bueno” o “social” y el menos virtuoso; entre el más religioso y el más implicado políticamente…
Ciertamente hay tantas variantes como situaciones locales y sociales. Hubo republicanos que trataron de mediar y evitar con más o menos éxito las ejecuciones, personas que encubrieron y dieron cobertura.
Todos los historiadores de uno y otro signo reconocen la magnitud de la violencia anticlerical (se siguen aceptando como buenas las cifras que en su día ofreció el libro de Antonio Montero: 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas, un total de 6.832 víctimas); así como las razones fundamentalmente religiosas más que políticas de esa persecución. Aunque no todos están de acuerdo en esa distinción. La verdad es que era muy difícil en aquel momento separar la razón religiosa de la razón política.

¿Quiere esto decir que la guerra civil y el estallido consiguiente de la violencia anticlerical fue inevitable? 
No necesariamente. La violencia en la calle era muy importante, pero fue el golpe militar fallido lo que desató la resistencia popular, y la violencia revolucionaria en forma de gran “ajuste de cuentas”.
La violencia anticlerical se prolongó durante toda la guerra, pero fue especialmente intensa en los meses de julio a septiembre de 1936, el “verano sangriento”, el tiempo en el que los poderes locales y los comités revolucionarios controlaron directamente la situación, por encima de y al margen de las instituciones republicanas.
Esto es lo que se ha ponderado para quitar o rebajar la responsabilidad de las autoridades republicanas en la violencia anticlerical de los primeros meses; subrayando por el contrario los intentos de mediación y de cobertura ejercidos por las autoridades frente a los comités revolucionarios. De hecho es lo que ocurrió con el grupo de Hermanos Maristas de Barcelona salvados “in extremis” por autoridad de la Generalitat (gobierno de Cataluña), al día siguiente de la matanza del primer grupo.

¿Cuáles han podido ser las razones de la violencia y el anticlericalismo popular en España durante ese período turbulento? 
Como ya dije al principio, todavía hoy no se entienden bien las razones de esa violencia anticlerical, sacrofóbica y antirreligiosa de los primeros meses de la guerra civil. Las autoridades republicanas intentaron pronto contener y desmarcarse de esas acciones, lavando su responsabilidad y atribuyéndolas a agentes incontrolados. Sin embargo no se puede negar cierto grado de complicidad con esas iniciativas. Y sobre todo la cuestión está en explicar la posible conexión, incluso no querida, entre la violencia verbal y la propaganda acumulada desde principios de siglo y especialmente en los años 30, y la violencia popular.
Algunos autores, desde una perspectiva antropológica, sugieren razones muy profundas y antiguas que tienen que ver con la ausencia de la reforma protestante. Otros desde el estudio de las culturas e identidades políticas buscan raíces más próximas ligadas a las luchas por la secularización del Estado y de la sociedad que se dieron en todos los países católicos latinos (Francia, Italia, Portugal). En todo caso parece claro que en la violencia del verano del 36 se conjugaron diversos elementos o factores de origen y naturaleza diversa, viejos prejuicios o imágenes sobre los “vicios” del clero y ajustes de cuentas más recientes relacionados con el control de la educación popular y las luchas sindicales.

¿Se puede atribuir la violencia popular anticlerical a una razón defensiva frente al alineamiento de la Iglesia, a su colaboración en el golpe militar, e incluso en algunos casos a la participación material en la lucha, almacenando armamento o utilizando los edificios religiosos como fortalezas? 
Las denuncias de este tipo no se han podido demostrar; y por otra parte el estallido de la violencia y la persecución anticlerical fue anterior o simultánea a los primeros acontecimientos de la guerra, cuando aún apenas se podía saber con certeza lo que estaba ocurriendo. No quiere esto decir que la matanza de clérigos estuviera previamente planeada sino que era un objetivo revolucionario prioritario, condición previa para la realización de otros objetivos. Era una convicción largamente alimentada en la reflexión y en la propaganda de la prensa y los ateneos obreros.

¿Cuál ha sido la perspectiva de la Iglesia Católica española con relación al enfrentamiento por la escuela y por la educación popular? 
Una de las expresiones más claras de la confrontación clericalismo-anticlericalismo, o catolicismo-laicismo, es la lucha por la escuela, es decir por el control de los contenidos educativos y del conjunto del sistema educativo.
Desde la perspectiva católica, en nombre de la libertad de enseñanza se plantea ya en los Congresos Católicos nacionales de principios del siglo XX (Burgos 1899 y Santiago 1902) la capacidad de creación de centros docentes frente a lo que llaman “el monopolio del Estado docente”, y junto a ello, la defensa de las Congregaciones religiosas frente a los proyectos de regulación y control de sus actividades (en 1910 el Gobierno presidido por Canalejas aprobó la llamada “ley del candado”, que impedía el establecimiento en España de nuevas órdenes religiosas sin la autorización expresa del Consejo de Ministros).
La presión anticlerical parece ceder entre 1912 y 1931, y en el clima protector de la dictadura de Primo de Rivera, la escuela católica en sus diversas expresiones no deja de crecer. Un cuadro de la evolución de las escuelas, comunidades y vocaciones maristas en la provincia de España, entre 1919 y 1931, expresa bien ese crecimiento. El número de colegios y escuelas había pasado de 60 a 69, el de hermanos de 587 a 813, y el de alumnos de 13.023 a 20.246.
Ahora bien la buena salud de la escuela católica no podía por menos de suscitar la preocupación de sus antagonistas. En éste como en otros temas pendientes de “secularización”, la proclamación de la 2ª República era la ocasión para llevar a cabo de forma radical los objetivos secularizadores. Así quedó reflejado en el artículo 26 de la Constitución de 1931, y de forma más rotunda en la Ley de Congregaciones religiosas de junio de 1933. Según el artículo 30 de la Ley de Congregaciones las órdenes y congregaciones religiosas no podrán dedicarse al ejercicio de la enseñanza (…) La Inspección del Estado cuidará de que las órdenes y congregaciones religiosa no puedan crear o sostener colegios de enseñanza privada, ni directamente ni valiéndose de personas seglares interpuestas. Y el artículo 31 ponía plazo concreto inmediato para el ejercicio de esas enseñanzas.

¿Cuál fue la reacción de los hermanos maristas frente a las leyes secularizantes que les impedían ejercer la enseñanza, crear escuelas o sostener colegios de enseñanza privada? 
Las Congregaciones tomaron buena nota de la nueva situación, y trataron de adaptarse y defenderse tomando las medidas oportunas. La principal de ellas secularizando su presencia pública (traje seglar en vez del hábito, obtención de títulos docentes oficiales); sobre todo transformando la titularidad jurídica y nominal de los colegios en “mutuas escolares”, y transformando jurídicamente las propiedades en nuevas sociedades con ubicación del capital en el extranjero. El libro del hermano Teodoro Barriuso sobre el hermano Laurentino explica muy bien esta obligada transformación.
Las vicisitudes de la República fueron marcando los temores y las esperanzas de supervivencia. El panorama hostil percibido desde el principio (la quema de conventos del 11 de mayo del 31 afectó a algunos colegios), se mantuvo y creció hasta junio de 1933 (La aplicación de la ley de Congregaciones haría difícilmente sostenibles los colegios y las comunidades incluso en su apariencia secularizada). Pero el triunfo del partido católico, la CEDA, en las elecciones de noviembre del 33 despertó las expectativas de un cambio; y aunque el cambio de la legalidad no se produjo el nuevo clima gubernamental permitió la pervivencia de los colegios católicos. La expectativa cambió de nuevo radicalmente con el triunfo electoral del Frente Popular en febrero de 1936. Los gobiernos del Frente Popular retomarían los objetivos y programas reformistas en todos los terrenos, también en el de la secularización y la escuela.
Pero además el empuje de las bases revolucionarias desbordaba la propia legalidad (como ejemplo la iniciativa municipal de confiscar el colegio marista de Orihuela).
Había un choque entre la posición del Gobierno, en defensa de la legalidad, de la aplicación de la Constitución y de la ley de Congregaciones, y la presión revolucionaria popular, que recordando lo ocurrido en octubre del 34, podría estallar con toda su virulencia, como así ocurrió.
A partir del estallido de la guerra ya no cabían negociaciones ni adaptaciones, se imponía la eliminación física de las personas, los centros y los medios; la editorial Edelvives fue uno de los primeros objetivos a destruir.

Finalmente, desde su punto de vista como historiador y como creyente, ¿hay algunas lecciones que la Iglesia, y más concretamente los hermanos maristas podemos aprender de lo ocurrido en ese verano de 1936? 
Como historiador y como creyente, en la línea del pensamiento del Concilio Vaticano II, y en la línea del espíritu que presidió la propuesta que hizo el Papa Juan Pablo II, con ocasión de la celebración del Milenio, de invitar a la Iglesia, de invitar a los cristianos y a los católicos a una revisión autocrítica de la propia historia, yo invitaría a los hermanos maristas a realizar el esfuerzo de ver el pasado de una manera comprensiva pero al mismo tiempo de una manera autocrítica.
A pesar de que actualmente parecen reproducirse conflictos entre los partidarios que lucharon en uno u otro bando, sin embargo, afortunadamente creo que el contexto social real español de estos momentos no tiene nada que ver con el contexto de los años treinta. En ese sentido no habría que tener temores. Pero en todo caso, habría que tratar de evitar alimentar las raíces que llevaron a este conflicto e insistir más bien en abrirse al diálogo con los otros desde el punto de vista ideológico y social y en crear plataformas, que pueden ser potencialmente de conflicto, en plataformas de comprensión y de diálogo.

BREVE CRONOLOGÍA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA (1868-1939)

1868 – Revolución contra Isabel II [desterrada a Francia el 30 de septiembre]
1870 – Elección de Amadeo I de Saboya como rey
1872 – Tercera Guerra Carlista (1872-1876)
1873 – Dimisión de Amadeo II
1873 – Proclamación de la Primera República
1874 – Restauración de la Monarquía borbónica con Alfonso XII [hijo de Isabel II]
1876 – Nueva Constitución y una “Ley Municipal”
1885 – Regencia de María Cristina
1893 – Atentados anarquistas (Bomba del Liceo de Barcelona)
1897 – Asesinato de Cánovas (primer ministro) por los anarquistas
1898 – Guerra con Estados Unidos
1898 – Pérdida de las últimas colonias imperialistas. Tratado de París
1902 – Mayoría de edad de Alfonso XIII
1909 – Comienzo de la Guerra de Marruecos
1909 – Huelga general en Barcelona [LA SEMANA TRÁGICA]
1911 – Huelgas generales protestando la guerra en Marruecos
1912 – Asesinato de Canalejas (primer ministro)
1917 – Huelga general revolucionaria en España
1921 – Las tropas españolas luchando en Marruecos sufren el desastre de Anual
1923 – Golpe de estado de Miguel Primo de Rivera
1927 – Pacificación en Marruecos
1931 – 12 de Abril se declara la Segunda República
1931 – Quema de conventos en Madrid
1932 – Fallido golpe militar del general Sanjurjo
1932 – Autonomía de Cataluña
1932 – Agitación anarquista en Cataluña
1932 – Se disuelve la Compañía de Jesús
1933 – Revolución anarquista en Casas Viejas (pueblo de Andalucía)
1934 – La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) forma gobierno
1934 – Movimientos revolucionarios en Cataluña y Asturias
1936 – El Frente Popular gana las elecciones
1936 – Levantamiento del general Francisco Franco el 18 de julio: comienza LA GUERRA CIVIL
1939 – Fin de la Guerra Civil el 1 de abril
1939 – Gobierno del General Franco (1939-1975)