Propuesta de Irujo
El Ministro de la República al Gobierno de la República
La Constitución de la República proclama la libertad de conciencia y de los cultos. La ley de congregaciones y confesiones regula su ejercicio y lo ampara.
La situación de hecho de la Iglesia, a partir de julio pasado , en todo el territorio leal, excepto el vasco, es la siguiente:
a-Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio.
b-Todas les iglesias se han cerrado al culto el cual ha quedado total y absolutamente suspendido.
c-Una gran parte de los templos, en Cataluña, con carácter de normalidad, se incendiaron.
d-Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices, custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y han aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales.
e-En las iglesias han sido instalados depósitos de toda clase, mercados, garajes, cuadras cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos,…
f-Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupados o destruidos.
g-Sacerdotes y religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tanto solo en la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid, Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de sacerdote o religioso.
h-Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones de vida intima, personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerde…
No tan solo el imperativo de las leyes, sino la conveniencia de la República, vista singularmente al través del Ministerio de Estado, de las embajadas de París y Londres y del organismo ginebrino, obligan al estudio del problema y fuerzan a su resolución. La opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del gobierno de la República, que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en que continúen en la forma y términos que expuestos quedan. La ola revolucionaria puede estimarse ciega, arrolladora e incontrolada en los primeros momentos. La sistemática destrucción de los templos, altares y objetos de culto ya no es obra incontrolada. Más la participación de organismos oficiales en la transformación de los templos y objetos de culto para fines industriales, la prisión confinada en las cárceles de Estado de sacerdotes y religiosos, sus fusilamientos, la continuidad de sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad del hogar por fuerzas oficiales del poder público, todo ello deja de tener explicación posible, para situar el Gobierno de la República ante el dilema de su complicidad o de su impotencia, ninguna de cuyas conclusiones conviene a la política exterior de la República y a la estimación de su causa ante el mundo civilizado…
El ministro concluye sugiriendo toda una serie de medidas para poner fin a esta situación: Volver a dar libertad a los sacerdotes y religiosos, abrir la iglesias, permitir el culto público, no perseguir a las familias en su vida privada…
Barcelona, para Valencia, el 7 de enero de 1937